martes, 23 de octubre de 2018

Haciendo estragos

La factura de la luz está haciendo estragos en todos sitios, menos en las eléctricas ladronas que se están forrando gracias a ello y también en parte, por la ayuda implícita de los gobiernos a no hacer nada para evitar que esto suceda, permitiendo que estás multinacionales del sector eléctrico no permitan por ejemplo, poder colocar placas solares a quién quiera. Ahora la factura de la luz (o eso es lo que ellos aluden) se lleva por delante a una empresa que da o daba trabajo a 700 trabajadores. La decisión de Alcoa de despedir a estos empleados, tras ver mermadas las ayudas que recibe en la factura de la luz abre la caja de los truenos sobre la competitividad de las grandes consumidoras, ha sido la chispa de un incendio que venía gestándose desde hace meses y que pone en el foco la competitividad de la gran industria electro intensiva y su viabilidad futura. Un problema de alta sensibilidad política, ya que se trata de empresas que generan importantes cantidades de trabajo en zonas que no ofrecen alternativas claras. Pero la gran pregunta que surge es qué harían estos grupos si no dispusiesen de las ayudas en el recibo de la luz. Sobre todo compañías internacionales con capacidad de deslocalización, visto el caso de Alcoa. Se trata de empresas que emplean a miles de trabajadores directamente, además de otros muchos más de manera indirecta en zonas sin una alternativa clara. Todos ellos han visto mermadas las ayudas a la par que los costes de su electricidad y otros suministros como los carburantes y el gas no paran de subir. Tras el anuncio de despidos de Alcoa, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que quizás haya que reformar de nuevo el sistema de interrumpibilidad. Un mecanismo que ha generado airadas quejas de muchas industrias, que ven privilegiado a un grupo muy concreto de compañías. Empresas como Sidenor o Grupo Balboa han llevado al Tribunal Supremo el mecanismo, por la falta de competitividad, la principal queja de Bruselas. El PSOE apoyó rebajar la interrumpibilidad cuando estaba en la oposición. Desde el sector eléctrico, algunos expertos apuntan a que la interrumpibilidad es una ayuda que dan los consumidores cuando en realidad esta partida debería ir en los Presupuestos Generales del Estado u otras partidas. Pero a nadie se le escapa que todo lo que va en la factura escapa al control de las cuentas que realiza la Comisión Europea sobre España. De hecho, un consultor apunta que la factura de la luz está sobrecargada de impuestos, lo que supone una penalización a la hora de competir a nivel internacional con empresas exportadoras de otros países. El informe del comité de expertos de Energía proponía eliminar de toda la fiscalidad verde a la industria exportadora para evitar deslocalizaciones. Aquí, otro factor a tener en cuenta son los ingresos de las empresas eléctricas, muy cuestionados por el anterior Gobierno del PP, que consideraba perjudicaban a la exportación, y también ahora por el PSOE. En fin. Mientras aquí estoy, viendo pasar la vida. 

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