No me extraña

A Esperanza Aguirre, le pasa como al difunto Jesús Gil, que supuestamente cometió muchos delitos, pero no pudieron probar casi ninguno. La semana pasada, saltó a los medios de comunicación (por llamarlos de alguna manera), la siguiente noticia: “DOS FUNCIONARIOS DESTAPAN PAGOS FALSOS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE A LA EMPRESA INDRA POR OTROS 2,5M DE €”. Esa cantidad de dinero en forma de pagos, y según estos funcionarios, supuestamente eran para el mantenimiento de aplicaciones de varias consejerías. Hasta ahí, todo correcto. El problema viene, cuando esos pagos no aparecen reflejados en ningún documento, con lo que también cabe pensar, de qué manera o de qué forma, estos funcionarios han conseguido esa información sino están reflejados en ningún documento. Ese supuesto contrato de mantenimiento, eran de dos lotes concedidos al gigante español de las comunicaciones en septiembre de 2010. Los dos funcionarios indican de que este megacontrato fue licitado con Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño. Los trabajos pagados con dinero público nunca fueron entregados por Indra. En el sistema de seguimiento del contrato, no se han encontrado anexados los entregables, tampoco se indica información sobre el archivado de los mismos en repositorios corporativos, ni sobre la instalación en los entornos de trabajo y producción corporativos. No hay constancia de que efectivamente se ejecutaran, únicamente se ha encontrado un rastro parcial del trabajo que en teoría debió realizarse. Esos encargos se efectuaron en un periodo muy corto de tiempo y utilizando una cifra intensiva de mano de obra (hasta 61 personas a la vez para un proyecto de una duración de mes y medio). A juicio de los denunciantes, se trataría de un escenario ilógico, difícilmente gestionable, en el que habría sido difícil dar cumplimiento al contrato. O sea, es decir, se pagó algo que no se hizo, siempre según la versión de estos dos funcionarios, que no se olvide el detalle. Pero lo que denuncian estos funcionarios no es nada nuevo en esta España en la que vivimos. Ya se sabe, que en este país la pillería es algo identitario entre los ciudadanos, y estamos mucho más pendientes de buscar recovecos en las leyes para ganar un duro, o para que algo nos salga gratis, que en intentar hacer las cosas legalmente. Esto es una realidad palpable y que todos los días pasan. Un simpa en un bar o en un restaurante, un enganche ilegal al suministro eléctrico, una pensión del gobierno por un dolor de pierna, truquillos para no pagar a Hacienda, etc, etc. Por eso, cuando leí la noticia no me extrañe para nada, ya que en este país de pícaros, es el día a día, es la cultura española, es una forma de entender la vida como otra cualquiera, cosa que los extranjeros que nos visitan no entienden de ninguna de las maneras. Pero si todo lo anterior es delito o puede ser una falta según nuestro código penal, lo de Aguirre debería de ser condenado a lo máximo, porque es un dinero de todos los españoles, y eso es muy grave. Pero para condenarla, hay que cazarla y eso amigos míos es más chungo. España, año 2020. Mientras aquí estoy, viendo pasar la vida. 

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