Susanita lo elevó

La reina de las marismas, la conocida como Susana Díaz elevó hace un año el impuesto que ahora promete compensar. La actual ministra de Hacienda cambió el criterio fiscal hace un año y comenzó a gravar con este tributo, ahora en solfa, a operaciones de herencias antes exentas de pagarlo. El anuncio de la reina de las marismas, que está en precampaña electoral, que no se olvide este detalle, aún sin concretar, fue muy firme, cargó contra el fallo del Supremo, mostró su desconcierto y prometió compensar a los andaluces afectados. En total, unos 300.000 y 600M de € si se hubiera tenido que devolver el dinero de este tributo con cuatro años de retroactividad. Lo llamativo es que este impuesto entra en la cesta de tributos cedidos a las comunidades autónomas. El Gobierno de Susanita Díaz podría haber decidido aliviar la presión fiscal de esta figura tributaria y no lo hizo. Necesita recaudar para pagar servicios básicos, alega. El impuesto subió en 2012 al 1,5% y se mantiene así desde entonces. Aunque con sorpresas. En julio, trascendió que Andalucía había maniobrado por la puerta de atrás para recaudar más por este impuesto de actos jurídicos documentados. Lo hizo sin darle publicidad después de pactar con Ciudadanos en los Presupuestos de 2018 una bajada del impuesto de sucesiones y donaciones, ese que grava las herencias. La maniobra fiscal, que entonces correspondió a la actual ministra de Hacienda, fue desvelada por Diario de la capital sevillana (sólo tienen que tirar de internet) meses después de que la Junta recaudara por esta vía. El actual consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, desligó la subida del impuesto de actos jurídicos documentados de las rebajas en sucesiones y donaciones pactadas con Ciudadanos. Había alguna polémica jurídica, señaló, y el objetivo de la Junta fue que quedara claro cómo hacerlo. Montero era ya en ese momento ministra de Hacienda. El asunto provocó reproches en un debate parlamentario. En concreto, en el pleno de los días 4 y 5 de julio se debatieron dos iniciativas que proponían rebajas fiscales. El PP, por tercera vez en la legislatura, propuso una reforma a la baja de los impuestos cedidos a la comunidad autónoma. Contó con informe en contra del Gobierno. Ciudadanos también presentó una moción proponiendo más rebajas fiscales. El PSOE se opuso a ambas y ahora el gobierno de ZPedro, se alza como el salvador de los ciudadanos ante los banqueros. Como se puede apreciar y ya sacando alguna conclusión, a ningún gobernante autonómico le interesa quitar este impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ya que es una fuente de ingresos importante para las comunidades autónomas, y como se sabe queridos blogueros, la pela es la pela. Nada más que añadir. Mientras aquí estoy, viendo pasar la vida. 

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