martes, 26 de noviembre de 2019

Nada nuevo

Llama mucho la atención el silencio de ciertos medios de comunicación ante la sentencia de los ERES. Uno de ellos, es el periódico El País, que le ha dedicado lo justo y necesario. ¿Por qué será?. Pero sin embargo hay que agradecerle al mismo periódico que calla para algunas cosas de izquierdas, nos tenga puntualmente informados sobre las cosillas que pasan a la derecha. Recuerden ustedes, que en este país conocido como España, el periodismo sirve para informar de lo que ocurre en la acera de enfrente de su ideología, y para atacar a los contrincantes políticos contrarios a su ideología, y por eso hay que agradecérselo, porque por lo menos nos enteramos de las cosas. Hay muy pocos medios y periodistas que sean imparciales en este país, pero ahí siguen, como los galos cuando estaban intentando ser conquistados por los romanos. En fin, España simple y llanamente. Resulta que leo en un periódico esta noticia: El juez del caso Lezo procesa a Ignacio González por el saqueo del Canal de Isabel II. El magistrado atribuye al expresidente delitos de malversación y fraude en la compra irregular de la empresa brasileña Emissao. Vaya por dios, no hay novedad en el frente político español. De esta forma, el juez da un acelerón a una de las causas abiertas contra González. La investigación sitúa el origen de la operación fraudulenta a principios de la actual década, cuando González sustituyó a Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad. El proceso de compra de Emissao, desarrollado entre 2012 y 2014, estuvo plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración autonómica por un importe de entre 6,4 y 9,6M de €, asegura García Castellón, que resalta que el entonces presidente madrileño cobró una mordida de 1,8M de $. Cuatro de los otros seis procesados recibieron, por su parte, 900.000 dólares, según los investigadores. Son Luis Vicente Moro, Edmundo Rodríguez Sobrino, Diego García Arias, exgerente de Inassa, una empresa dependiente de Canal, y Ramón Navarro, exdirector de otra filial de la compañía pública madrileña. Los dos otros implicados son María Fernanda Richmond, exdirectora del Canal de Isabel II, y Sebastião Cristovam, representante de Emissao. Apenas tres días después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese que se le envíe al banquillo por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, el magistrado García-Castellón dicta el auto de transformación de las diligencias previas de la causa en procedimiento abreviado, el paso anterior a emitir el escrito definitivo de apertura de juicio oral contra el expresidente madrileño. Un documento donde, de forma contundente, se sitúa al político en la cúspide del plan para saquear el Canal de Isabel II. Gracias a estos medios, nos enteramos de todo lo anterior. Este es el periodismo que tenemos, que no el que nos merecemos, porque si fueran todos imparciales, mirarían también dentro de su ojo. Pero repito, gracias por tenernos informados. España, año 2019. Mientras aquí estoy, viendo pasar la vida. 

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