Otra cagada gubernamental

En los palcos de los equipos de fútbol se hacen la mayoría de los grandes negocios. Uno de ellos fue el proyecto Castor, que si no se acuerdan ustedes de lo que es, fue una especie de reutilización de unas plataformas petrolíferas abandonadas en un almacén de gas, el cual produjo terremotos, los cuales obligaron al gobierno a cerrarla, o mejor dicho, a mantenerla sin producción. Resulta que ese proyecto era controlado por la empresa Esgal UGS, que a su vez estaba controlada por ACS, que cabe recordar que su presidente es Florentino Pérez, actual presidente (fíjense que casualidad) del Real Madrid, el cual lleva a sus palcos en el Santiago Bernabéu a la flor y nata empresarial de este país conocido como España, porque de alguna manera hay que llamarlo. Para que Esgal UGS pudiera funcionar en Castor, el gobierno en su momento utilizó reales decretos para que pudieran cobrar indemnizaciones si se paralizaba el almacén del gas, cosa que ocurrió, como no podía ser de otra manera. Pues bien, ahora hay tres bancos que reclaman una cantidad de pasta tal, que asusta. Las tres entidades han formulado ante el Gobierno una reclamación de responsabilidad del Estado legislador en la que solicitan la devolución del dinero aportado, que asciende a la friolera de 1.350M de €. La reclamación llega después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo varios artículos del real decreto-ley que permitió a Escal UGS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas. Como pueden ver ustedes, un negocio redondo para ACS. Pero los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. Si no fuese así, argumentan, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades. El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor y el Gobierno con José Manuel Soria al frente de la cartera de Industria aprobó el real decreto-ley con el que extinguió la concesión, hibernó la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria. Como siempre la banca nunca pierde, y el gobierno se vuelve a equivocar en la gestión irresponsable de un dinero que ni siquiera es suyo, mientras ve los goles desde el palco. Y así nos va, desde el gobierno se le da pasta a quién lo tiene para que luego siga teniendo más, mientras a los ciudadanos que curramos para que nos linchen a impuestos no se les ayuda en nada. Esto España joder, que les voy a decir a ustedes. Mientras aquí estoy, viendo pasar la vida. 

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